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Donostia y políticas de inclusión: retos para la definición de una estrategia de ciudad y de sociedad

El uso excesivo y dudosamente apropiado de determinadas palabras genera el riesgo de perder el sentido que en su origen tuvieron. Es el caso del término “inclusión” o “inclusivo”, actualmente utilizado como aderezo de multitud de conceptos y ámbitos, como pueden ser la cultura, el empleo, la ciudad, la educación, etc., pretendiendo con ello trasladar una complaciente imagen de satisfacción por la senda elegida y objetivos alcanzados.

 

Sin embargo, resulta cuestionable que su mera utilización se ajuste realmente a la esencia de su contenido, o que quienes la utilizan tengan realmente las intenciones que pretenciosamente se atribuyen, por lo que resulta procedente recordar cómo se define, en el ámbito de la discapacidad, la inclusión social. Así, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social señala que es el principio en virtud del cual la sociedad promueve valores compartidos orientados al bien común y a la cohesión social, permitiendo que todas las personas con discapacidad tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, y para disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad con los demás”.

Son dos, por tanto, los elementos esenciales de la inclusión social. Por una parte, el derecho de todas las personas de participar en la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural de manera plena, es decir, sin restricciones de ningún tipo; y por otra, el derecho a hacerlo en condiciones de igualdad con el resto de las personas sin sufrir, en consecuencia, ningún tipo de discriminación. Asimismo, el principio de inclusión social se halla íntimamente ligado al de normalización, entendido como el derecho de poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona.

No cabe, por tanto, calificar de inclusivas políticas o medidas que, lejos de garantizar el acceso y disfrute en ámbitos y recursos compartidos por el conjunto de la ciudadanía en condiciones de igualdad, generen espacios segregadores y excluyentes en la educación, el empleo, los modelos de vida o en la mera utilización de los recursos, bienes y servicios comunitarios.

Sentadas las bases de lo que debe o debería ser el enfoque inclusivo de las políticas públicas, cabría preguntarse por el papel que debería jugar Donostia en el diseño de una ciudad que garantice de manera real y efectiva la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía.

Las respuestas son tantas como las medidas y acciones que puede desempeñar el Ayuntamiento de Donostia en el ejercicio de sus competencias. Por ejemplo, en el ámbito de las personas con discapacidad, debiera garantizar políticas de empleo orientadas al empleo en un entorno laboral que sea abierto, accesible e inclusivo como señala la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en lugar de contribuir a la consolidación y desarrollo del modelo de empleo protegido que genera segregación, desigualdad y exclusión. También debería impulsar, desde las políticas sociales, el conocimiento y desarrollo, en la medida de sus atribuciones, del modelo de vida independiente, de manera que las personas con discapacidad puedan hacer efectivo su derecho de elegir libremente dónde, cómo y con quién vivir, sin verse en la obligación de vivir conforme a un sistema de vida específico, superando, por tanto, el modelo residencial históricamente asociado a las personas con discapacidad como recurso preeminente.

Sin embargo, existe un ámbito de especial trascendencia desde la perspectiva municipal para garantizar realmente la inclusión social de todas las personas, así como el carácter inclusivo de la ciudad: la accesibilidad universal. Este derecho, ampliamente reconocido en multitud de normas de diferentes niveles, presenta todavía numerosos retos para alcanzar su real y efectivo cumplimiento en Donostia.


A pesar de haber transcurrido más de veinte años desde la aprobación de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad, son todavía muchas las personas que se ven privadas de su derecho fundamental de acceder a muchos productos, bienes, entornos y servicios, generándose diariamente situaciones de discriminación y exclusión que nos sitúan lejos de una ciudad plenamente inclusiva.

Son numerosos los ejemplos que podrían citarse para constatar las carencias todavía existentes en materia de accesibilidad universal. Así, en el ámbito de la vivienda, el diagnóstico realizado por Etxegintza para la elaboración del Plan de Vivienda de Donostia / San Sebastián señala que existen en la ciudad 1.623 edificios colectivos sin ascensor, habitando en ellos 29.045 personas, de las cuales 5.034 son mayores de 65 años (2,7 % de la población de la ciudad). De la misma manera, podrían señalarse numerosos ejemplos en ámbitos tan diversos como el transporte, la edificación, los establecimientos de uso comercial, la tecnología, los recursos turísticos, etc., en los que no se garantizan las debidas condiciones de accesibilidad, impidiendo por tanto a una buena parte de la población el acceso y disfrute a recursos comunitarios y generando, en consecuencia, situaciones de desigualdad.

Sin embargo, más allá de datos o experiencias acreditadas, resulta preocupante el insuficiente compromiso institucional en una decidida defensa de la accesibilidad universal como derecho de toda la ciudadanía, provocando con ello una realidad en la que efectivamente se suceden los avances, como no podría ser de otra manera, pero no se produce el salto cualitativo que permitiría alcanzar de manera plena y efectiva el cumplimiento de un derecho fundamental ampliamente reconocido.

Esta situación tiene reflejo en dos factores fundamentales. Por una parte, la escasa consideración de la accesibilidad universal como elemento fundamental a considerar en el momento de diseñar proyectos de carácter estratégico para la ciudad, incumpliendo por tanto el principio de diseño universal o diseño para todas las personas. Y es que por igualdad, por inclusión y por derecho fundamental de todas las personas, no puede ni debe admitirse que se diseñen proyectos o actuaciones que no garanticen el acceso y disfrute por todas las personas, con independencia de su condición. Por tanto, los proyectos deben se accesibles, o no han de ser considerados como tales.

Por otra parte, existe una grave carencia en lo referido a la participación de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas de promoción de la accesibilidad universal. Más allá de las vías tradicionales basadas en la participación en consejos consultivos o la presencia en procesos participativos de mayor o menor trascendencia, resulta imprescindible impulsar desde el ámbito institucional la profundización en la participación real y efectiva del tercer sector social en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y líneas de acción públicas orientadas a la promoción de la accesibilidad universal, por tratarse de organizaciones impulsoras de los derechos actualmente reconocidos, y por su capacidad para aunar conocimiento técnico, experiencia en la promoción de la accesibilidad, y representatividad de una parte de la población que tradicionalmente ha venido sufriendo de manera más severa la existencia de productos, bienes, entornos y servicios no accesibles y, en consecuencia, que generan exclusión.

Y siendo necesario impulsar desde el ámbito institucional medidas y proyectos con un claro enfoque inclusivo, ello ha de hacerse en el marco de una sociedad que se encamine en la misma dirección, es decir, que sea abiertamente receptiva con la diversidad, apostando por el principio de igualdad desde la beligerancia cívica frente a las situaciones de exclusión social de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Y esta labor de transformación social solo podrá ser abordada desde la colaboración entre todos los agentes que conforman la sociedad donostiarra, y que tienen la indudable responsabilidad de avanzar en la efectividad de los derechos fundamentales reconocidos a toda la ciudadanía.

En definitiva, son numerosos y relevantes los ámbitos en los que Donostia / San Sebastián puede proyectar un verdadero enfoque inclusivo como muestra de un compromiso real y efectivo por construir una ciudad que garantice la igualdad de oportunidades de las personas que la habitan y de las que la visitan dado su carácter de referente turístico. Y la elaboración de la Estrategia 2030 puede constituir una gran oportunidad para incorporar, a través de un enfoque transversal y multidimensional de la inclusión, líneas, proyectos y enfoques que permitan situar a Donostia / San Sebastián en la vanguardia de las ciudades que apuestan por erradicar la desigualdad y promover una sociedad basada en la justicia y la equidad social.

elkartu (Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa / Gipuzkoako Gutxitasun Fisikoa duten Pertsonen Federazio Koordinatzailea)


Comentarios

  • MAITE

    Estoy totalmente de acuerdo . Hay comercios, servicios, etc que no tienen accesibilidad y algunos son muuuy recientes.

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